Esta es la respuesta que hace la Teniente Alcalde de Cerceda a la «carta abierta» que Raul Antequera envió a distintos medios y que puede verse publicada hace unos días.

Muy Sr. mío.

Haciendo caso omiso a las cartas ofensivas de contenido personal que me ha remitido el pasado 22 de Diciembre -con el mal gusto de enviar copia a otras personas- acuso recibo como Teniente de Alcalde de Cerceda y miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ,de su denominada ”Carta abierta a Tte. Alcalde Cerceda” manifestándole lo siguiente:

Su misiva, difundida a varios medios de comunicación, imputa a la actual Corporación hechos manifiestamente falsos en relación con la asesoría jurídica municipal como son los siguientes:

-Que no ha habido procedimiento público de contratación: Cuando se ha seguido el procedimiento negociado sin publicidad previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico con invitación a tres empresas o profesionales dada la naturaleza de contrato de servicios que supone la asesoría jurídica.

Dentro de ese procedimiento legal, que ha contado con los informes favorables del Sr. Secretario y de la Intervención municipal,  se ha seleccionado a una firma interdisciplinar en la que el coordinador responsable, y muchos de los socios, llevan mas de treinta años ejerciendo como abogados con un curriculum idóneo para las necesidades de nuestro municipio.

-Que los servicios son exclusivamente para litigios: Cuando lo cierto es que la asesoría se extiende a toda clase de consultas jurídicas que plantea la actividad municipal con especial dedicación al ámbito de los expedientes urbanísticos. Cada vez que se precisa y en todo caso al menos cada quince días se desplazan los abogados al Ayuntamiento. Las consultas por mail son prácticamente diarias.

-No lo realiza en la sede del Ayuntamiento: Obviamente la defensa en juicio y la preparación de informes, consultas etc. se realiza por los abogados en su despacho. Las reuniones con los técnicos, funcionarios, equipo de gobierno, alcalde y concejales se llevan a cabo en el Ayuntamiento.

Igualmente el abogado competente asiste a las reuniones que se celebran en el Ayuntamiento con terceros cuando se precisa asesoramiento jurídico.

-Su coste sobrepasa los 3000 € mensuales: El coste es de 3.000 € mensuales más IVA incluyendo la totalidad de la defensa legal y el asesoramiento jurídico en cualquier materia.

-La ultima asesora jurídica, en nomina, cobraba menos de la mitad: La letrada a la que se refiere; fue contratada estando usted en el gobierno municipal por designación directa sin que hubiera un procedimiento publico de contratación, por cierto, es la misma  que en la actualidad le lleva sus asuntos jurídicos personales, relación profesional que se remonta a la época en la que estaba en la nomina del  Ayuntamiento.  Esta letrada costo a las arcas municipales 46.274,28 € en el  2009, ultimo año completo que presto sus servicios en el Ayuntamiento -fue despedida en octubre de 2010-, por perdida de confianza por la anterior alcaldesa con un gasto para el Ayuntamiento de 28.546,48€.

Atendía todos los temas jurídicos: No acabo de entender entonces para que estaban contratados simultaneamente otros dos servicios de asesoramiento: Uno   jurídico por un importe anual de 25.520 y otro  técnico- jurídico por importe de 17.500 € anuales, lo que sumando los tres da un total de 89.294,27€.anuales.

-Los méritos para contratarle fueron su relación con el alcalde: Esta es sin duda su afirmación mas grave. Antes de la contratación del servicio jurídico ni el Alcalde ni esta Teniente de Alcalde ni el resto de la coalición de Gobierno conocían a los letrados del servicio con los que no tenían tampoco ni tienen relación política o de cualquier otra índole. Contactamos con la firma por primera de vez, de forma conjunta, por conocimiento de su actividad profesional, para tratar de reducir los graves perjuicios al municipio causados por las obras de los edificios municipales abordadas por la anterior Corporación.

En sus falsas afirmaciones se “confunde” también la comparación de costes legales con el anterior servicio de asesoramiento: La contratación actual del servicio jurídico es de 18 meses lo que supone 54.000 € y no 144.000 € porque se han respetado los limites cuantitativos de contratación por el procedimiento negociado Por supuesto, como ya le dije, con los informes favorables del secretario y del interventor y la cobertura legal presupuestaria.

El servicio jurídico existente  a la llegada de el actual Equipo de Gobierno  estaba compuesto por: Dos abogados de la misma firma con un coste de 2360 € mensuales que facturaban por separado, contratados mediante adjudicación directa durante el mandato de la anterior corporación. Otro letrado, también por designación directa, con un salario mensual de 1746 €. Y   una mercantil que prestaba los servicios de asesoramiento técnico-jurídico en los asuntos de naturaleza urbanística por un importe de17.500 € anuales. Todo ello suponía un gasto fijo para el Ayuntamiento de 65.000 € anuales, sin contar otros gastos puntuales como asistencia a plenos, dictámenes etc. Los gastos de los servicios jurídicos  sistemáticamente eran informados negativamente por los Interventores en sus informes.

Como puede ver usted el coste de la asesoría se ha reducido sustancialmente asumiendo el servicio actual todas las materias.

-Juicio por despido del encargado de obras: Carece usted de conocimientos profesionales y del contenido del caso  para permitirse valorar despectivamente la intervención de un abogado en un litigio (a cuya vista  usted no asistió) que actualmente está recurrido y cuya sentencia de tipo técnico no ha entrado a conocer del fondo del asunto. Corresponde a este equipo de gobierno resolver, como ha hecho, cualquier discrepancia con la asesoría cuyos servicios globales hasta la fecha son satisfactorios siendo el lastre de pleitos de endeudamiento el que ha dejado la anterior corporación. Al inicio de esta legislatura el total de procedimientos  pendientes eran 44; entre penales, civiles y contenciosos administrativos.

Que no es usted objetivo  respecto al encargado de obras ya se puso de manifiesto   en la Junta de Gobierno de 21 julio de 2004 que usted presidía por tener que ausentarse la alcaldesa -por ser cuñada del encargado- al proponer una gratificación mensual de 600 € a este trabajador. El Secretario informa que contraviene lo dispuesto en la Ley 61/2003 de 30 de diciembre y que excede de forma desproporcionada de la retribución que para el puesto de encargado viene aprobado en el presupuesto municipal que supone un incremento retributivo del 11% y el incremento propuesto es del 26%. A pesar de lo advertido acuerdan por unanimidad aumentar el incremento de 181€ a 600 €. En la Junta de Gobierno de de 5 de abril de 2005, se da cuenta que se ha recibido escrito (894/600) de la Delegación de Gobierno de Madrid informando al Ayuntamiento que   dicho acuerdo vulnera el Ordenamiento Jurídico Estatal y viene a requerir la anulación del mismo.

-Las falsedades que ud expresa son las que carecen de sustento en prueba alguna –sin que sea el “acusado” el que tenga que presentar pruebas en contra y están contradichas por los propios expedientes municipales de contratación que han sido y son transparentes. La intencionalidad injuriosa con que las expresa es evidente y suponen además, lo que corroboraré con la asesoría jurídica municipal, imputar a esta Corporación, particularmente al Alcalde y a esta Teniente de Alcalde, y a sus servicios jurídicos, actos de contratación ilícitos e incluso delictivos. Tal imputación la ha hecho usted con publicidad por lo que doy traslado de esta misiva a los mismos destinatarios del correo que ha remitido usted para desmentir tajantemente sus afirmaciones y anunciarle que la Junta de Gobierno efectuará las oportunas consultas legales para valorar la justeza y conveniencia de ejercitar acciones legales contra usted. También dará traslado expreso a la propia asesoría jurídica municipal por si la firma que la compone considera la justeza y conveniencia de ejercitar acciones legales similares.

En mi condición de autoridad pública municipal y de las reglas mínimas de educación,

Atentamente le saluda