Protección arbolado urbano

 

 

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Aprobada la Ley que prohíbe talar árboles de más de 10 años

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó este jueves 22 de diciembre, la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano, que prohíbe la tala de ejemplares de más de diez años y faculta a los ayuntamientos de la región a imponer sanciones de hasta medio millón de euros a los responsables de las obras que provoquen la desaparición de cualquier especie.

La ley que es "pionera en España y muy novedosa", ya que, "Madrid se convertirá en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de protección del arbolado urbano".

Un árbol nuevo por cada año del arbol cortado.
El texto legislativo aprobado por el Parlamento regional establece que "en caso de obras, el árbol deberá ser trasplantado; si la tala es la única alternativa, se deberá plantar uno nuevo por cada año de edad del cortado; y si se desconoce, cincuenta ejemplares por cada uno talado". Asimismo, obliga a los 179 ayuntamientos de la región a aprobar en el plazo de un año un inventario completo de su arbolado urbano, con información detallada como la edad, el número, el tipo de especie y la localización de sus ejemplares.
Para la aprobarse los planes de conservación, que serán de obligado cumplimiento, dispondrán de un año y medio de plazo. Además, éstos deberán ser revisados en un máximo de cinco años. Otras medidas para fomentar la protección del medio ambiente son la obligación de plantar un árbol por cada plaza de estacionamiento en los nuevos aparcamientos de superficie o la dotación de un sistema de riego eficiente en las nuevas plantaciones.
De igual modo, "los propietarios del arbolado (administraciones, empresas o comunidades) deberán hacerse cargo de su conservación, mientras que la poda drástica de ejemplares sólo se establece para casos en que las copas disminuyan la luminosidad interior de las viviendas". Según la nueva ley, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispondrá de un registro con las identidades de los infractores que condicionará su participación en procesos de licitación convocados por la Administración pública.

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