Es la segunda vez que el Ayuntamiento retira las puertas de acceso a la urbanización Vistanieve de Cerceda (El Boalo) y es que la propiedad de los terrenos les enfrenta desde hace más de una década.

La comunidad de propietarios ha denunciado que el equipo de Gobierno ha retirado las puertas que cerraban la Urbanización de manera “ilegal” ya que el terreno situado en la carretera de Navacerrada pertenece a la Urbanización y anuncian que van a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento. Además se quejan de que no han sido avisados previamente, algo que han negado desde el equipo de Gobierno.

Los vecinos aseguran que disponen de la escritura y de “un informe técnico de un arquitecto” que así lo atestigua. Sin embargo el concejal de Urbanismo, Raúl Antequera, señala que “el vial es público desde que se implantó el PGOU en el año 1996 y no se hicieron alegaciones”. Los vecinos señalan que si es así, porque no envían los planos con los linderos que llevan solicitando desde el año 2003. La Urbanización volvió a solicitar en abril de 2005 licencia para el cerramiento de la colonia debido al incremento de robos en viviendas y vehículos. Transcurrido un año y ante la falta de respuesta, la Junta Directiva de la colonia entendió que se autorizaba la instalación por silencio administrativo, por lo que procedieron a su colocación tras el pago de la tasa por licencia para las obras.

Posteriormente señalan que el Ayuntamiento les ha respondido que no se puede cerrar la calle porque es una vía pública. Al respecto, Antequera responde que ya en el año 2000 se les denegó la instalación de la puerta, pese a lo cual la pusieron y posteriormente se negaron a retirarla ante el requerimiento del Ayuntamiento. El concejal señala que esta calle es una de las más importantes que va a tener la localidad en el futuro por lo que no se puede cerrar, ya que, además causa problemas para el acceso de vehículos de emergencia.

Como prueba de la buena voluntad del Ejecutivo, el concejal señala que no se han retirado las otras puertas situadas en Puente de Madrid y se han comprometido en verse en diez días con sus abogados y la documentación que obra en su poder para comprobar “in situ” que “lo que ha hecho el Ayuntamiento no es ilegal”. Además denuncian que les quieren quitar los aparcamientos de la calle.

El Universo/Teresa Rubio